Desde el pasado Junio, gracias a la ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, los casos de abandono de pensiones, entre los que incluye el impago de pensiones, obliga a imponer el distanciamiento físico entre víctima y agresor.
El impago de pensiones, además de estar directamente relacionada con la violencia económica, también lo está con la de género. Esta vía es una herramienta más que utiliza el agresor para mantener el control y la presión sobre la mujer y poder crear situaciones de soborno poniendo entre medias a los hijos. Estos sufren de manera intencionada y no justificada la limitación de recursos económicos básicos como la alimentación, ropa, etc. sumándoles además, un daño psicológico.
Artículo 57.2 del Código Penal
Según rige el Tribunal Constitucional en el artículo 57.2 del Código Penal, imponer la orden de alejamiento en estos casos se realiza con el fin de proteger a la víctima y a sus respectivos bienes tutelados.
La Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer 2019 de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el 11,5% de las mujeres españoles españolas han sido víctimas de violencia económica por parte de una pareja o expareja: ese porcentaje supone que 2,35 millones de mujeres han padecido esta forma de maltrato.
