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Actualidad - Separaciones y Divorcios

En 2020 descendieron los divorcios

Datos de los divorcios en 2020

 

El estudio anual del INE confirma que en 2020 se dieron 15,8% menos de divorcios respecto al año anterior en un periodo muy marcado por la pandemia del Covid-19.

Cada año, el Instituto Nacional de Estadística, publica un informe muy interesante para este sector; los datos de divorcios, separaciones y nulidades matrimoniales. A este respecto, los datos arrojados de 2020 dejan ver un claro descenso respecto a los procedimientos del año anterior.

Las claves para entender esto es contextualizarlo y enmarcarlo en los meses de confinamiento, donde el parón de la actividad judicial marcan los datos de un año atípico.

En 2020 se produjeron en total 80.015 divorcios, un 16,1% menos. De hecho, en el segundo trimestre de ese año, la variación anual fue del 63,5%.

Recuerda que, para cualquier necesidad, tienes a tu disposición un equipo de abogados para ti. #AideAbogados

Actualidad - Derecho Civil

Se generaliza la pena por uso de información privilegiada

Información Privilegiada
Aide-Información_Privilegiada

 

El hecho de operar con información privilegiada sin un acceso reservado a dicha información podrá ser penado. Las penas podrán ser privativas de libertad y con una duración máxima de cuatro años.

Así lo establece el anteproyecto de Ley Orgánica que modificará el Código Penal. En cuanto a la materia de lucha contra fraude y falsificación de medios de pago distintos del efectivo y de abuso de mercado, actualmente el Ministerio de Justicia mantiene la fase de información pública.

Esto está pendiente de regulación respecto a la Ley Orgánica 1/2019 del 20 de febrero cuya tipificación no introdujo esta previsión respecto al Abuso de Mercado.

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Actualidad - Noticias

Sin administrador concursal de cara a la segunda oportunidad y microempresas

Aide Administrador concursal

 

Mientras los concursos de acreedores aumentan en nuestro país, el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal se implementará antes de julio del año que viene, según parece. Su principal objetivo es trasponer la Directiva 1023/2019.

A este respecto, la interpretación de la Directiva por parte del Ejecutivo implicaría cambios comprometedores para los procesos concursales en cuanto a su seguridad jurídica. Destaca, entre estas medidas, la exclusión del administrador concursal en procedimientos especiales para microempresas (lo que supone el 90% de los concursos) y de la segunda oportunidad.

La ASPAC (Asociación Profesional de Administradores Concursales) se han pronunciado. La organización recalca que “somos el único país de Europa en el que el administrador concursal es excluido de los procesos de insolvencia y es percibido como el culpable del fracaso del sistema”.

Y tú, ¿qué opinas? Déjanos tus impresiones en las redes sociales de Aide Abogados. ¡Te leemos!

Actualidad - Derecho Civil - Noticias

Abogacía solicita la supresión de cita previa en juzgados

cita previa

 

Desde el Consejo General de la Abogacía se ha pedido a la presidencia del Consejo del Poder Judicial la supresión de las medidas que se han tomado desde la pandemia por la Covid-19. Estas medidas son tales como la cita previa u otras dificultades para el acceso a las dependencias judiciales.

El pleno del Consejo decidió por unanimidad la normalización de la situación tribunal en la reunión del pasado 20 de octubre. “La evidente mejoría de la situación sanitaria, hace que decaiga la justificación de las medidas que, en la práctica, suponen una limitación al pleno ejercicio del derecho de defensa, acceso a los tribunales y publicidad de las actuaciones”, destaca la presidenta del Consejo, Victoria Ortega.

El Consejo, además, se ha dirigido a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para hacer hincapié en la alarmante desatención de las administraciones públicas hacia sus ciudadanos.

Actualidad - Blog

Plusvalía, Tribunal Constitucional y ¿legalidad?

Plusvalía Tribunal Constitucional

Sentencia sobre la Plusvalía

De decepcionante puede calificarse  la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Plusvalía. No solo por las expectativas generadas, además afecta de forma grave a la legalidad y al derecho de tutela judicial efectiva. Es dictada, además, por el órgano que debía ser garante de las mismas.

La sentencia concluye que no podrán ser revisadas por tener “también la consideración de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse la sentencia (26 de octubre de 2021) y las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LEG a dicha fecha».

Ello supone que se despoja a los contribuyentes del derecho a usar el plazo de rectificación de 4 años. Establece la Ley General Tributaria, para reclamar devolución de pagos indebidos, pese a no ser, evidentemente, situaciones consolidadas por no haber transcurrido dicho plazo.

Se llega al absurdo de impedir a los contribuyentes reclamar ante los tribunales la devolución de la plusvalía pagada indebidamente. Eso se da cuando ha sido declarada nula y cuando, según la ley, todavía se está a tiempo.

Por otro lado, nos sorprende el Tribunal Constitucional. Ésta otorga efectos a la sentencia dictada no desde la fecha de la publicación en el BOE, que es lo que establece la Ley. Lo hace desde la fecha de la propia sentencia (26/10/2021), lo que atenta contra la seguridad jurídica.

Entendemos que aunque el Ayuntamiento desestime el recurso acogiéndose a la fecha del 26/10/2021. Sería seguramente viable recurrir a los tribunales alegando una vulneración de la Ley, que establece que las sentencias del Constitucional solo tienen efectos desde su publicación en el BOE y no desde la fecha en que son dictadas, si bien es cierto que probablemente tenga que ser el Tribunal Supremo el que finalmente resuelva la cuestión, eso sí dentro de 5 o más años.

4 OPCIONES QUE LES QUEDAN A LOS CONTRIBUYENTES:

Las opciones en relación con la plusvalía que en la actualidad y tras la sentencia les restan a los contribuyentes:

1.- Reclamaciones por aquellos que han vendido a pérdidas. Podrán seguir reclamando, con base a la sentencia de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional, sin que les influya la última sentencia.

2.- Reclamaciones de aquellos que han vendido y el impuesto ‘se come’ la ganancia. Podrán reclamar, con base en la sentencia del TC, de octubre de 2019 sobre el carácter confiscatorio del impuesto.

3.- Seguir con las reclamaciones sobre liquidaciones y autoliquidaciones que se hubieran realizado antes de la sentencia. Y, además la Administración no hubiera contestado a la reclamación. 

4.- Hasta que haya un nuevo método de cálculo las plusvalías son nulas de pleno derecho, siendo recomendable no liquidarlo.

AIDE está para ayudarles en sus reclamaciones de Plusvalía, si nos necesita no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Actualidad - Noticias

Renunciar a una herencia tras cobrarla si hay deuda

renuncia herencia

 

Debido a los impuestos de sucesión, plusvalías y deudas, en España se renuncia anualmente a más de 40.000 herencias.

Renuncia a una herencia tras aceptarla

Además, el Tribunal Supremo ha permitido a un ciudadano renunciar a la herencia de un ser querido al descubrir, sin previa información, que la deuda superaba la ganancia que se iba a llevar. Así pues, el TS ha dictaminado el error como «determinante, esencial y excusable».

De esta manera, el «beneficiario» ha podido rectificar y anular la herencia que le correspondía.

Actualidad - Blog - Derecho Inmobiliario

Nulidad de la Plusvalía Municipal, ¿y ahora qué?

El Tribunal Constitucional ha dictado sentencia declarando la nulidad del sistema de liquidación de la comúnmente llamada plusvalía municipal. A falta de su publicación, plantea en qué afectará a las transmisiones de inmuebles a futuro y a pasado.

 

Nulidad en la plusvalía inmuebles

Qué es la plusvalía municipal

Lo que comúnmente llamamos impuesto de plusvalía, se llama IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (IIVTNU). Es un impuesto municipal, cuyos beneficiarios son los Ayuntamientos. Grava el incremento de valor del terreno urbano, producido entre la actual transmisión y la anterior adquisición.

Pese a su nombre, debe entenderse que no se trata de un impuesto que afecte únicamente a solares. Afecta a todos los bienes inmuebles urbanos. Lógicamente, también las viviendas o los garajes están compuestos no sólo por la construcción, sino también por el suelo.

Qué operaciones están sujetas en el impuesto

Este impuesto no sólo grava las compraventas, sino también las donaciones y las sucesiones. El sujeto pasivo es obligado al pago del impuesto, en las compraventas, el vendedor, y en las donaciones y sucesiones, el adquirente del bien.

Cuál es el problema de este impuesto

Hasta ahora el cálculo de la cuota a pagar del impuesto se realizaba, no sobre la base del incremento real del valor de los terrenos, sino sobre el incremento teórico de este valor. De esta manera, el sistema se apartaba de datos tales como el precio de venta. También, de cual fuera la tasación del valor de mercado del terreno, y seguía un sistema plano y estandarizado de determinación del incremento producido.

Para ello en la Ley de Haciendas Locales se estableció una fórmula matemática en la que intervenían como elementos definitorios, el valor catastral del terreno, y unos índices multiplicadores que en función del tiempo transcurrido desde la anterior adquisición arrojaba un valor, de suerte que siempre, y cualquiera que fuera el precio real del bien, se producía un incremento de valor, y la consiguiente liquidación gravosa del impuesto.

Correcciones anteriores de los tribunales

Desde hace tiempo los órganos judiciales han venido rectificando este sistema. Ha sido un hito importante la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional dictada en el año 2017. Esta sentencia declaró que en aquellos supuestos en que no se hubiera producido un incremento real de valor del bien, el giro del impuesto al ciudadano era inconstitucional, declaración que permitió que muchas transmisiones fueran impugnadas y anuladas cuando el sujeto pasivo pudo invocar la ausencia de incremento sobre la base de informes, o de, simplemente, a la vista de que el precio de venta actual era menor que el precio de su adquisición anterior.

Qué tiene de novedoso la reciente sentencia del TC

Según la información hasta ahora publicada, el Tribunal Constitucional ha invalidado totalmente el sistema de liquidación de la plusvalía. Hasta ahora sólo en los casos en que el ciudadano podía acreditar que no había existido incremento de valor. O que este incremento era absorbido por la cuota del impuesto. El ciudadano podía impugnar con posibilidades de éxito la liquidaciónA partir de ahora la inconstitucionalidad se refiere a la propia fórmula de cálculo de la cuota. De esta manera, no hay soporte para que el Ayuntamiento pueda determinar la cuota a pagar.

En qué nos afecta a los ciudadanos

Respecto a las liquidaciones futuras, teóricamente no será posible que los Ayuntamientos notifiquen nuevas liquidaciones. La inconstitucionalidad supone dejar fuera de la legalidad el método de cálculo de la cuota del impuesto. Sin él, no es posible girar liquidación alguna. Hasta que no se apruebe una ley que sustituya el método de cálculo declarado inconstitucional, las transmisiones que se produzcan no podrán ser causa de liquidación de cuota alguna por este impuesto. Dada su trascendencia, esta reforma legislativa se produzca con cierta urgencia.

Y las liquidaciones que fueron giradas hasta ahora, estén o no pagadas, ¿se mantendrán? O por el contrario, ¿también se anularán?
La sentencia del Tribunal Constitucional contiene una mención de no retroactividad de la sentencia para las liquidaciones ya firmes. Esto, aparentemente excluiría la posibilidad de pedir al Ayuntamiento el reintegro de lo pagado.

Sin embargo, es muy importante en este aspecto distinguir. Existen Ayuntamientos que liquidan el impuesto de forma directa, y aquellos otros que lo hacen mediante la llamada autoliquidación. En los últimos, propiamente no existe un acto administrativo que haya ganado firmeza. Existe un acto de pago realizado por el ciudadano, lo que le permitiría reclamar la rectificación de la liquidación que en su día realizó, y la consiguiente devolución de lo indebidamente pagado.

Plazo para reclamar

De nuevo, es necesario distinguir los supuestos de liquidación girada por el Ayuntamiento. Y también los de la llamada autoliquidación del impuesto.
En los supuestos de liquidación girada por el Ayuntamiento, la reclamación de la inconstitucionalidad de la norma y consiguiente anulación de la liquidación girada será la que corresponda al estado de tramitación del expediente administrativo, resoluciones dictadas y plazos de recursos que procedan contra las resoluciones, pues en estos casos, lo importante es que la liquidación no haya llegado a ser firme.

En autoliquidaciones, el plazo es el de 4 años desde la fecha en que se verificó el pago del impuesto. Entonces, debe realizarse la correspondiente instancia al Ayuntamiento que corresponda.
Vista la situación generada, y aún antes de que se publique la sentencia, muchos ciudadanos deben proceder. Es necesario revisar las transmisiones de bienes inmuebles en que hayan intervenido, liquidaciones recibidas del impuesto de plusvalía y pagos realizados, para procurar recobrar su importe antes de que prescriba su derecho. En AIDE ABOGADOS estamos para ayudarle en esta labor.

 

¿Con la fianza prestada en un arrendamiento puedo hacer frente el pago de rentas?JAVIER GARCIA ESPIGA – AIDE ABOGADOS

Actualidad

Divorcios por comunidades autónomas en el primer trimestre de 2021

comunidades autónomas

 

Las cifras del primer trimestre de 2021 atestiguan un incremento de los divorcios y separaciones. Los datos lo avalan con un aumento del 9,7% de los casos. En términos absolutos, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021 se presentaron 15.048 demandas de divorcio consensuado.

En número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes en algunas comunidades

Canarias: 6,4

Comunidad Valenciana: 6,3

Cantabria: 6

Murcia: 6

Islas Baleares: 5,8

Cataluña: 5,8

Andalucía: 5,7

Media de España: 5,4

País Vasco: 4,7

Castilla y León: 4,4

Madrid: 4,3

Actualidad - Noticias

Los animales serán considerados «seres vivos» en procesos de divorcio

animal abandonado

 

Hasta ahora, el denominativo para los animales en el Código Penal era de «cosas». Esto por fin va a cambiar, ya que el Congreso aprueba por mayoría cambiar esta consideración legal de los animales.

Esto supone cambios importantes, pues los jueces tendrán en cuenta los divorcios. Por ejemplo, podrán negar la guarda conjunta de hijos si existe una sentencia por maltrato animal.

Cambios de consideración de los animales en el Código Civil

Ahora, a la hora de tener en cuenta sentenciar divorcios, custodias o herencias, habrá varios preceptos en los artículos que marcan las normal. Se define el concepto de «animal de compañía». También se establecen criterios sobre la toma de decisiones sobre el cuidado del animal.

Además, se prohibe la venta en caso de divorcio. La ponencia destaca la concurrencia entre malos tratos a animales y violencia doméstica. Se marca también quién se queda el animal en caso de fallecimiento o qué hacer al encontrar un animal, que es devolverlo a su dueño pudiendo reclamar gastos de curación y cuidado.

Actualidad - Noticias - Separaciones y Divorcios

40 años de la Ley del Divorcio ¿qué ha supuesto?

ley de divorcio

En 1981 se impulsó la Ley del Divorcio por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez y por el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez. Una ley que ha cambiado la sociedad española. Ya son 40 años desde su aprobación y podemos ver claras estadísticas de su evolución, consecuencias y demás características.

Para la aprobación de la ley hubo resistencia dentro de UCD, en Alianza Popular y de los sectores más conservadores y religiosos. Salió adelante incluyendo cautelas temporales y formales, como por ejemplo, era obligatorio separarse como fase previa y había un plazo mínimo de dos años para divorciarse. Como en todas las nuevas medidas, surgieron aspectos conflictivos como el impago de pensiones o la custodia de hijos, por lo que se fueron introduciendo modificaciones como el derecho de los padres a optar por la custodia de los menores (1990) o poder encomendar a los abuelos la tutela de nietos cuando sus padres no llegaran a acuerdos (2003).

Número de divorcios

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los primeros años se cerraban de forma mayoritaria divorcios contenciosos (un 60%), pero a partir de 1999 se revierte la tendencia y ahora, en ese mismo porcentaje de casos, se presentan de mutuo acuerdo entre ambos cónyuges.

En 2006 se alcanzó la cifra récord: 145.919 rupturas (126.952 divorcios, 18.793 separaciones y 174 nulidades). En el año 2020, todos los tipos de demanda de disolución matrimonial mostraron reducciones, con una disminución conjunta del 13,3 % respecto a 2019.

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Estos son los cambios que traerá la Ley de Vivienda para los jóvenes

nueva ley de la vivienda para los más jóvenes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes, pocas horas después de conocerse los acuerdos entre los dos socios del Ejecutivo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y la ley de vivienda, un paquete de ayudas destinado al alquiler de vivienda que dotará con 3.000 euros anuales a los jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas inferiores a los 23.725 euros por ejercicio.

Pedro Sánchez anuncia ayudas de 250 euros mensuales para el alquiler a los menores de 35 años con rentas inferiores a los 23.725 euros anuales.

«Lo que vamos a hacer», ha detallado el presidente en el I Foro Urbano de España, que se celebra en Sevilla, «es crear un bono joven de vivienda dotado con 250 euros mensuales durante dos años que beneficiará a jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos anuales inferiores a los 23.725 euros». En el caso de las familias más vulnerables, este bono podrá completarse con ayudas de hasta el 40% de su valor, que ha puesto como objetivo que España adelante la edad de emancipación de los jóvenes y se sitúe en la media europea, que es de 26 años.

El jefe del Ejecutivo ha argumentado que los menores de 35 años no disponen de los ingresos necesarios para poder alquilar sin tener que invertir una buena gran parte de sus recursos para poder acceder a ello. Según muestran las cifras recopiladas por el Consejo de la Juventud, un menor de 30 años no puede alquilar en solitario en ninguna de las 17 comunidades autónomas. A nivel estatal, de media, tendrían que destinar casi el 60% de sus ingresos a costear las rentas de cada mes, un porcentaje que dobla el máximo recomendable y que por tanto es inviable para poder afrontar el resto de gastos del día a día.

Actualidad - Noticias

Guía para padres separados: quién debe pagar los gastos de la vuelta al cole

vuelta-al-cole

Una de las preguntas que más se plantean a los abogados de familia es si los gastos del inicio del curso están o no incluidos en la pensión de alimentos. La respuesta es clara, ambos progenitores están obligados a la manutención de los hijos menores o mayores de edad que carezcan de ingresos propios por causas que no les sean imputables.

Gastos «extraordinarios»

El problema surge porque hay gastos que se consideran “ordinarios” y otros “extraordinarios”. Estos normalmente son imprevisibles. Con carácter general, estos gastos son satisfechos por ambos progenitores por igual, sin perjuicio de que puedan pactar o el juez acordar que sea uno de los padres el que afronte un mayor porcentaje de gasto en función de su mayor capacidad económica.

En los supuestos de custodia compartida la norma general es que cada progenitor asuma los gastos ordinarios generados durante el tiempo que los niños están en su compañía y los gastos extraordinarios “por mitad”. Esto tiene lugar cuando ambos tienen atribuido el cuidado de los hijos en igualdad de condiciones, de forma que no hay régimen de visitas y tampoco pensión de alimentos.