El Ministerio de Justicia, liderado por Pilar Llop, en el primer semestre del 2022 ha destinado casi 10 millones de euros. El objetivo de esta gran inversión es reforzar el plan de choque para el Poder Judicial, es decir, paliar los efectos ocasionados por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judical (CGPJ), que lleva más de tres años en funciones.
La diferencia económica invertida con respecto el 2021 es muy grande. En 2021 se destinaron 10.893.475 euros para reforzar el poder judicial. En este sentido, el Ministerio de Justicia destinó este montante a refuerzos de naturaleza jurisdiccional, consistente en la designación de jueces y magistrados, para ejercer funciones jurisdiccionales, como refuerzo en órganos judiciales. Además, también se destinó parte del presupuesto en refuerzos no jurisdiccionales, consistentes en la designación de letrados de refuerzo del Gabinete técnico del Tribunal Supremo.
Viendo el alto nivel de inversión de este año, se estima alcanzar los 13 millones de euros al final del ejercicio del 2022. Se prevé que, a partir del próximo 30 de junio, una vez finalizada la moratoria concursal, la jurisdicción mercantil y los juzgados de primera instancia, tendrán una carga mayor de trabajo, para los que se ha previsto destinar los casi tres millones de euros restantes del presupuesto global.
