Respetando siempre el derecho a la intimidad personal (artículo 18.1 de la CE), hay circunstancias en las que resulta legítimo la utilización del poder de este sistema. “Cuando hay una infracción, debe prevalecer la persecución del delito al derecho a la privacidad”, declara Gonzalo Vázquez Martínez, abogado que ha conseguido la resolución, pero afirma que “hay que analizar caso por caso”.
El caso expuesto era el de un conductor de un autobús público despedido disciplinariamente porque realizó tocamientos a una pasajera a la que no cobró el billete en varias ocasiones. Además, fumó dentro del vehículo y orinó desde él hacia afuera.
“Los autobuses estaban provistos de tres cámaras que todos los trabajadores conocían y cuya existencia se indicaba en las pegatinas del autobús debidamente señaladas”, finaliza el abogado.
