Mientras los concursos de acreedores aumentan en nuestro país, el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal se implementará antes de julio del año que viene, según parece. Su principal objetivo es trasponer la Directiva 1023/2019.
A este respecto, la interpretación de la Directiva por parte del Ejecutivo implicaría cambios comprometedores para los procesos concursales en cuanto a su seguridad jurídica. Destaca, entre estas medidas, la exclusión del administrador concursal en procedimientos especiales para microempresas (lo que supone el 90% de los concursos) y de la segunda oportunidad.
La ASPAC (Asociación Profesional de Administradores Concursales) se han pronunciado. La organización recalca que “somos el único país de Europa en el que el administrador concursal es excluido de los procesos de insolvencia y es percibido como el culpable del fracaso del sistema”.
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