El Consejo de la Unión Europea ha aprobado un marco que permite imponer medidas restricivas específicas a los ciberdelincuentes. Por primera vez, la comunidad europea podrá poner sanciones a las personas o entidades que cometan o pretendan cometer un ciberataque. También a aquellas que estén implicadas de alguna forma, ya sea con aporte financiero, técnico, material, o asociados.
Requisitos para poner sanciones a los ciberdelincuentes
Unas sanciones que persiguen regular y defender la seguridad de las instituciones y los Estados miembros. Sin embargo, no siempre se podrá recurrir a este nuevo marco legal. Las medidas aprobadas deben considerarse necesarias para lograr los objetivos de la política exterior y de seguridad común de la comunidad europea. Pero este no es el único requisito.
Los asuntos perseguidos tienen que tener repercusiones importantes y cumplir una serie de condiciones. Entre ellas destacan que sean cometidos desde el exterior de la Unión Europea, o usen una infraestructura exterior a la UE. También que se realicen por personas o entidades desde fuera de la comunidad europea o que tengan el apoyo de las mismas, es decir, de personas o entidades fuera de la Unión Europea.
Medidas restrictivas
No todo son sanciones. También se ha optado por regular una serie de medidas restrictivas para evitar posibles problemas futuros. Para los asociados a los ataques, se ha aprobado la inmovilización de activos así como el veto de entrada en los países miembros de la Unión Europea. Además, las personas y entidades de la UE no pueden poner fondos en todos aquellos que aparezcan en la «lista negra». Si no estaríamos hablando de apoyo financiero.
Con estas medidas, la Unión Europea persigue responder a las amenazas del exterior a sus instituciones o Estados miembros. Así como asegura que buscará mantener un ciberespacio pacífico, seguro y abierto. Para ello, es necesaria la cooperación internacional y reducir el riesgo de tensiones y conflictos. Una consecuencia que suele afectar a las tecnologías de la información y la comunicación.
El objetivo primordial es acabar con «el comportamiento maligno del ciberespacio». Un problema que afecta a la seguridad, la competitividad económica y la integridad de la Unión Europea. Además, los ciberataques pueden impulsar la existencia de un conflicto que a priori, no surgiría.