En el pasado 2020, la ocupación ilegal de vivienda aumentó un 191,8% respecto al 2019, es decir, entraron 3.446 asuntos en los órganos judiciales. Sólo en Andalucía han ingresado 827, un 24% del total nacional. Le siguen Cataluña, con 746; Comunidad Valenciana, con 396; y Madrid, con 321.
En el cuarto trimestre de 2020 ingresaron 914 asuntos de este tipo, un 22,6% menos que en igual trimestre del año anterior, y se resolvieron 940.
Desde finales de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean tanto personas físicas como entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
Según el informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’ que el 4 de marzo ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil.
